El origen: El desconocimiento técnico frente a la seguridad operativa

El camino que recorrió la comunidad del practicaje argentino durante el reciente conflicto normativo quedará registrado como un testimonio de coherencia profesional. La promulgación del Decreto N.º 690/2026 (Anexo-1 y Anexo-2) no fue un hecho aislado, sino el desenlace de un proceso que ya se venía gestando en el ambiente. Con antelación, nuestra institución había solicitado reiterados encuentros con las distintas carteras oficiales —fundamentalmente con el Ministerio de Desregulación— con el objetivo de exponer la realidad técnica de los ríos y desarmar los argumentos infundados que se venían instalando en contra del sector.

Sin embargo, los canales de diálogo previo fueron ignorados por una corriente de pensamiento enfocada en la reducción del denominado "costo argentino" a cualquier precio. Bajo esta premisa ideológica, los desreguladores operaron desde una insensatez extrema, pretendiendo alcanzar metas económicas a corto plazo sin medir las consecuencias estructurales y desatendiendo la seguridad y los controles de nuestros canales de navegación.

Esta lógica puramente comercial se trasladó rápidamente a la agenda mediática, donde se desplegó una campaña sistemática para atacar la figura del práctico. Frente a este avance que pretendía licuar los estándares internacionales exigidos por la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Asociación Internacional de Prácticos Marítimos (IMPA), los profesionales se mantuvieron firmes. Se dejó en claro que la eficiencia económica de una vía navegable jamás puede lograrse mediante el desprecio de la normativa marítima, ya que una sola contingencia en los canales acarrearía pérdidas catastróficas inimaginables para el propio comercio que dicen defender.

La voz de la experiencia internacional: La sensatez frente a la norma

La falta de sustentabilidad de la reforma quedó en evidencia no solo a través del reclamo local, sino en la reacción de la propia comunidad marítima global. Un claro ejemplo de esto se puede ver en un video que circuló en el sector, donde se muestra un diálogo auténtico a bordo de un buque extranjero próximo a ingresar a la Argentina. En la filmación se le informa a un miembro de la tripulación que, de ahora en más, la ley les permite navegar por los ríos sin el asesoramiento local, argumentando que con la tecnología actual del GPS, los gráficos y una tablet es suficiente para ir río arriba.

La respuesta del marino, guiada por la lógica marinera más elemental, fue inmediata y rotunda: "Ningún capitán lo hará. Incluso si me convierto en capitán, no lo haré". A lo largo de la conversación, ante la insistencia de que es su trabajo y que puede aprender el reglamento en el camino con un cuadernillo, el tripulante se planta con total sensatez preguntando cómo va a ingresar a aguas que no conoce, sin saber cómo corren las corrientes, sin conocer las reglas locales y sin hablar español, concluyendo con una frase tajante: "Para mí es imposible". Este testimonio, despojado de cualquier interés político, demuestra que en el puente de mando de un buque real la teoría de los escritorios se desarma ante el sentido común y la responsabilidad de la vida en el mar.

La naturaleza del servicio y la respuesta institucional: De la intimación a la exposición pública

Ante la vigencia de condiciones operativas que ponían en riesgo inminente los canales de navegación, los prácticos decidieron, de manera unánime, no brindar nuevos servicios. Esta postura colectiva se fundamentó en la propia naturaleza de la actividad: el practicaje se ejerce bajo un marco de contratación entre privados donde los profesionales mantienen la potestad legal de determinar en qué momento brindan sus servicios independientes.

Sin embargo, la respuesta estatal escaló hacia métodos inéditos. En un hecho que quedará marcado en la historia del sector por la desorientación de las autoridades políticas, se derivó en la fuerza de seguridad marítima la orden de intervenir en este conflicto de índole técnico-contractual, buscando de manera llamativa a los profesionales directamente en sus domicilios particulares. Lejos de detenerse allí, la presión oficial pasó de la intimación presencial a la exposición pública: mediante la publicación de un edicto en el Boletín Oficial, se difundió un listado con los nombres, apellidos y números de documento de identidad de los prácticos de todo el país.

Esta publicación masiva de datos personales de ciudadanos civiles adquirió un carácter sumamente complejo y peligroso al cruzarse con la agenda mediática. En momentos donde diferentes medios de comunicación atacaban sistemáticamente la figura del práctico utilizando cifras irrisorias respecto a los ingresos del sector, la difusión oficial identificó con nombre y DNI a cada uno de los profesionales. Esta flagrante vulneración a la privacidad expuso a los trabajadores a un escenario de inseguridad en su vida personal y familiar. Sin embargo, lejos de quebrar la determinación del cuerpo, la gravedad de este atropello corporizó el nivel de improvisación oficial y unificó aún más la necesidad de resistir en legítima defensa de la idoneidad técnica y la dignidad civil.

El desenlace: La lección de la coherencia técnica y el consenso operativo

El punto de inflexión del conflicto se materializó tras la convocatoria a una mesa de diálogo por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Ante la parálisis de la operatoria portuaria provocada por la firme postura colectiva en defensa de los estándares de navegación, las autoridades políticas dispusieron abrir una instancia formal de negociación. Recibidas las propuestas oficiales, los representantes del sector del practicaje realizaron una consulta a través de videoconferencia con los profesionales de todo el país. Tras analizar los términos ofrecidos y habiendo obtenido un amplio acuerdo, se decidió dar el visto bueno a las autoridades gubernamentales.

Las condiciones que sellaron la resolución del conflicto quedaron formalizadas mediante las siguientes pautas técnicas y normativas:

• Suspensión inmediata de la desregulación: El Poder Ejecutivo dispuso dejar sin efecto y suspender en todos sus términos el Decreto N.º 690/2026, restituyendo plenamente el esquema y marco regulatorio anterior para garantizar la seguridad de los canales.

• Adecuación tarifaria: Como muestra inequívoca de que el reclamo jamás revistió un carácter económico o sectorial, sino estrictamente profesional, se aceptó aplicar una reducción del 20% en las tarifas del servicio para contribuir a la competitividad del comercio exterior.

• Normalización operativa: Con el restablecimiento de las garantías regulatorias previas, los profesionales independientes determinaron la reanudación de los servicios de asistencia a la navegación en todos los puertos y ríos del país.

• Mesa de trabajo permanente: Se constituyó un espacio técnico de diálogo institucional para analizar, de manera consensuada y con el asesoramiento de los actores del río, cualquier futura actualización regulatoria.

Superada la coyuntura crítica, el desenlace de esta problemática deja una lección concluyente. La resolución del conflicto demostró que el motor del practicaje argentino fue, es y será la preservación de la seguridad en nuestras vías navegables, la protección del medio ambiente y la salvaguarda de la vida humana. El desenlace valida lo expresado rigurosamente por el presidente de la Cámara de Practicaje: "Prefiero perder plata pero no la vida". Ante los intentos de imponer reformas de forma inconsulta, la coherencia técnica y el profesionalismo inquebrantable constituyen el único camino efectivo para defender los pilares fundamentales de la navegación nacional.

Decreto 716/2026

Resolución APN 46/2026