El 6 de mayo en la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar, se realizó la conferencia “La importancia del Pilotaje y Practicaje en Chile”, instancia organizada por la Asociación de Prácticos Autorizados de Canales A.G. (APAC), la Asociación de Capitanes de Alta Mar y Prácticos Nautilus A.G. y la Asociación Chilena de Prácticos de Puerto A.G (APRAP). La instancia, en la que estuvo presente MundoMaritimo, contó con la participación de Simon Pelletier, presidente de la International Maritime Pilots Association (IMPA), y tuvo como objetivo de relevar el rol estratégico de estas actividades en el país tanto para la seguridad y continuidad de las operaciones marítimas, abordando la experiencia nacional como la visión internacional en la materia.

En sus palabras de apertura, el presidente de APAC, Cristian Estay, destacó que el practicaje y pilotaje constituyen una actividad estratégica para Chile, especialmente en el contexto de la nueva Política Logística Portuaria. Señaló que el modelo chileno, bajo dependencia de la autoridad marítima, ha consolidado estándares de excelencia operativa, seguridad y continuidad, valorados por los usuarios marítimos. Asimismo, enfatizó que cualquier evaluación del sistema debe resguardar su carácter de servicio público, priorizando criterios técnicos e independencia operacional.

Practicaje como servicio público

Simon Pelletier en su presentación aseveró que un sistema de practicaje bien regulado es aquel regido por la legislación y estructurado para maximizar el beneficio público tanto en términos de seguridad como de eficiencia del comercio. Subrayó que “el practicaje no es un negocio”, sino “un servicio público” cuya principal responsabilidad es resguardar los intereses del Estado. En esa línea, sostuvo que “la competencia expone a los prácticos a presiones comerciales” y puede comprometer su criterio profesional frente a las necesidades económicas de los armadores.

Pelletier destacó que la Unión Europea excluyó al practicaje de las normas de competencia portuaria al considerar que ambas no son compatibles. Asimismo, valoró el modelo chileno por su carácter público y regulado, contrastándolo con el caso de Argentina, donde la desregulación y privatización derivó en mayores costos y una tasa de accidentes superior al promedio internacional.

Debate sobre competencia

Krishna Martínez, presidente de la APRAP, explicó en su ponencia que en 2016 el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), respecto al practicaje en Chile, observó algunas problemáticas: los buques esperan mucho tiempo en las estaciones de prácticos ya que éstos cubren múltiples áreas; en algunos puertos no hay lanchas de prácticos disponibles; no existen incentivos para mejorar el desempeño de los prácticos;la estructura de las tarifas genera ineficiencias; indicó también que en Chile el practicaje es una actividad monopolizada y que no hay alternativas para este servicio; los prácticos están vinculados a la Armada, lo que genera incentivos distorsionados, entre otros puntos.

En ese marco, Pelletier explicó que “los autores de ese informe [OCDE] asumieron que el practicaje es otro servicio comercial y propusieron esquemas de incentivos y competencia en Chile. Supusieron que quienes participan en el practicaje en Chile se comportaban de forma inapropiada y actuaban voluntariamente contra el interés público. Esa suposición carece de fundamento. Al no profundizar, la OCDE vio un problema donde no lo había y recomendó soluciones que podrían ser contraproducentes”.

Martínez continuó diciendo que, a partir de dicho informe, comenzaron a impulsarse políticas públicas orientadas a introducir cambios en el sector. En ese contexto, recordó la creación de la Comisión Especial Investigadora de las actuaciones de los órganos vinculados a la modernización portuaria, proceso que finalmente derivó en la aprobación de la Política Nacional Logística Portuaria (PNLP) de Chile el 5 de marzo de 2026.

Respecto del servicio de practicaje, la PNLP señala que el modelo chileno difiere de los existentes en otros países y propone estudiar alternativas regulatorias, entre ellas que el servicio dependa de una institucionalidad distinta a la actual. Según el documento, el objetivo sería optimizar la oferta, promover condiciones competitivas y reducir los costos asociados a la prestación del servicio.

Alta valoración del servicio

Martínez explicó que realizaron una encuesta sobre la actividad a bordo y que, del total de respuestas recibidas, el servicio de practicaje obtuvo una evaluación promedio de 4,98 en una escala de 1 a 5. Destacó que no se registraron calificaciones inferiores a 4 y que el 98,8% de las evaluaciones correspondieron a la nota máxima.

En esa línea, se sostuvo que, si bien el sistema de practicaje puede modernizarse, cualquier cambio debe basarse en información objetiva y resguardar su carácter de servicio público. Asimismo, se destacó que el practicaje es una de las actividades más reguladas del país y cumple un rol clave en la seguridad de las maniobras marítimas, con altos niveles de satisfacción por parte de los usuarios. En tanto, Estay advirtió sobre los riesgos de avanzar hacia un modelo privado, enfatizando la necesidad de preservar la independencia técnica del servicio y la seguridad de la navegación bajo la supervisión de la autoridad marítima.